Las empresas de residuos peligrosos pierden 40 % de su mercado

Según la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España, presentada recientemente por el Gobierno, la industria marcó su mínimo histórico en relación al PIB en 2009, año en el que representó un escaso 14,4%. Desde entonces ha repuntado, hasta alcanzar el 15,9% el año pasado. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Agua y Medio Ambiente

Sin embargo, esta mejoría no se aprecia en el sector del tratamiento de los residuos peligrosos, tradicionalmente muy ligado a la actividad industrial, que le aporta el 80% de los ingresos. De acuerdo con los datos de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Peligrosos (Asegre), el volumen de negocio del sector cayó un 2,4% en 2013 y ya supera el 40% de desplome desde 2008.

Los actores del sector, grandes empresas como FCC Ámbito, Befesa, Sertego -filial de ACS-, Tradebe, Sita -filial de Suez- o Cespa -filial de Ferrovial-, y pymes de tipo familiar, han visto cómo su facturación ha descendido desde los 800 millones de 2008 hasta el entorno de los 400 millones el año pasado. El empleo, lógicamente, también ha experimentado una fuerte reducción: de 5.000 puestos de trabajo a menos de 3.000.

Cualquier plan de crecimiento se ha anulado, ya han cerrado varias instalaciones en Madrid y Andalucía, y las plantas existentes -unas 70 en todo el territorio- operan a la mitad de sus posibilidades: la capacidad de tratamiento ronda los cinco millones de toneladas anuales, pero apenas se descontaminan 2,8 millones. Ahora bien, es importante señalar que se partía de una situación de sobrecapacidad, puesto que el máximo de residuos que se ha llegado a tratar es de 3,2 millones de toneladas.

Mala evolución del sector

A la vista de los números, la evolución del sector es muy mala y en algunos subsectores el calificativo apropiado es pésimo. Así ocurre con la recuperación de suelos contaminados, donde la caída llega hasta el 75% desde 2008, arrastrada por la falta de actividad en la construcción, que era la primera interesada en que el suelo de las promociones estuviera en condiciones.

Luis Palomino, director general de Asegre, lamenta la falta de interés de las administraciones, en particular de las comunidades autónomas: «miran para otro lado, con lo que hay una grave ausencia de control que favorece las actuaciones ilegales». Entre las actuaciones al margen de la ley más frecuentes, «además de los robos en los puntos limpios», Palomino apunta a la dilución de las substancias tóxicas en el agua, el tratamiento de aguas industriales en depuradoras de aguas urbanas, la mezcla con residuos procedentes de la construcción, el tratamiento en instalaciones no autorizadas, la aplicación incontrolada en suelo agrícola y el vertido ilegal, incluso en lugares en los que se puede extender la contaminación, como las proximidades de los ríos.

«El rumbo del sector se ha separado de la tendencia industrial con la crisis, y la explicación sólo puede estar en el incremento de los circuitos ilegales» insiste Palomino. El coste del tratamiento de los residuos peligrosos es mayor que el de otros residuos -se aseguran la trazabilidad y la seguridad- y relativamente fácil de evitar por parte de los infractores; por ejemplo, en muchos polígonos industriales los colectores de residuos son comunes y, aunque se detecte un vertido ilegal, es muy difícil identificar al infractor.

La sustracción de materiales valiosos de los puntos limpios es tan habitual que los afectados ya ni siquiera se molestan en presentar las denuncias. Fuentes policiales señalaban el verano pasado al diario El Mundo que los hurtos en los 16 puntos limpios fijos de Madrid podían rondar los dos diarios. Normalmente afecta a los residuos eléctricos y electrónicos, que han experimentado una reducción en el flujo que llega al 60% en algunas comunidades, como el País Vasco.

Robos y actuaciones ilegales

Lo habitual es que el vertido ilegal se descubra a toro pasado, y que los implicados aleguen desconocimiento. Así ocurrió el pasado agosto en Villagarcía de Arosa, Pontevedra; el puerto necesitaba reformas y la Autoridad Portuaria, que las acometió en primavera, pensaba que usaba áridos procedentes de unas obras ferroviarias; no obstante, un informe de la Guardia Civil (Seprona) indica que, en realidad, estaba empleando residuos de construcción y demolición, con asfaltos, hormigón, plásticos, madera, etc.

Las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado siempre tienen un apartado destinado a las denuncias de vertidos ilegales. La última se detenía en varios casos de contaminación de las costas por hidrocarburos, destacando que se habían conseguido reducir un 90%.

Tan hartos están en Asegre de denunciar sin éxito las malas prácticas a las comunidades autónomas, que han empezado a actuar directamente, poniendo en conocimiento de la Fiscalía y el Seprona los casos que llegan a sus oídos. El primero ha sido el pasado septiembre en Montalbán, Teruel: «Al borde de la carretera hay unas 2.000 toneladas de un residuo negruzco -dice Palomino-, que podrían se arenas para moldes de fundición, mezcladas con escorias; no están catalogados como peligrosos pero pueden transmitir al agua óxidos metálicos y la parcela donde están no tiene autorización ninguna».
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