Gobierno bonaerense trabaja para regular la gestión de los residuos especiales
La propuesta establece la «responsabilidad extendida del productor» en la gestión, tratamiento y disposición final de más de 7.000 toneladas diarias de residuos en la provincia de Buenos Aires. (www.ambito.com)
El Poder Ejecutivo bonaerense envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca regular la gestión integral de los residuos especiales y envases, que significan unas 7.000 toneladas diarias, informó hoy el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
Según se indicó, la iniciativa representa un hito en las políticas públicas de gestión de los residuos en la provincia de Buenos Aires y en el país dado a que por primera vez se impulsan mejoras ambientales a partir de la regulación en los ciclos de vida completos de los productos.
De ser aprobada, la norma establecerá las responsabilidades de productores, envasadores, fabricantes, ensambladores, importadores y todo aquel que coloque por primera vez un producto en el mercado, al regular la gestión de los «Residuos Especiales de Generación Universal» (REGU), envases, embalajes y otros residuos reciclables, cuya generación provenga del consumo masivo.
En los REGU están incluidos aceites vegetales usados, aceites minerales usados, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE), pilas, baterías portátiles, lámparas de bajo consumo que contengan mercurio, cartuchos y toners, envases que contuvieron sustancias peligrosas.
También los envases vacíos de fitosanitarios, neumáticos fuera de uso (NFU), termómetros, eficnomanómetros, acumuladores de ácido plomo, pinturas y solventes, medicamentos, membranas asfálticas, vehículos fuera de uso (VFU) y productos durables de plásticos.
Desde el Gobierno se precisó que en la provincia se generan más de 7.000 toneladas diarias con estas características, por lo que se señaló que «la entrada en vigencia de esta ley significará un gran impulso a la economía circular, a la responsabilidad ambiental y también a la inclusión social».
Es que en la propuesta parlamentaria se define a la actividad desarrollada por las cooperativas y asociaciones civiles de recuperadores y recuperadoras de residuos urbanos como «prestadoras de un servicio esencial para la comunidad, la preservación del ambiente y la salud pública».
Además de fijar las obligaciones de los productores en la gestión, tratamiento y disposición final de los residuos, el proyecto de ley prescribe el rotulado y/o etiquetado de los envases, embalajes y productos con indicaciones de los materiales con los que han sido confeccionados y su potencial de reúso y reciclado. A su vez promueve el ecodiseño.
«La nueva legislación tendrá un impacto positivo en los 135 municipios de la Provincia al disminuir el ingreso de residuos a los rellenos sanitarios y se espera que beneficie al sector industrial al reutilizarlos en nuevos insumos y materias primas y en el reemplazo de insumos de la importación», se planteó desde el OPDS.
Al mismo tiempo, favorecerá «a las y los habitantes de la provincia, con la disminución del impacto desfavorable al ambiente y al evitar la propagación de basurales a cielo abierto», se añadió.